Banca en la Sombra: derecho a la información como protección al consumidor inversionista en el caso de los pagarés-libranzas

En 2012 se expide la Ley 1527 con el objetivo de crear una política de “inclusión financiera”, basada en el éxito que habían tenido las libranzas como instrumento de profundización del crédito en Colombia en el sector bancario tradicional. En efecto, todo marchaba bien, como lo muestran cifras de la Superintendencia Financiera, ya que cuatro años después de haberse expedido esta normatividad, en 2016 el crédito por libranza, había crecido a una tasa anual promedio de 17,7% para el primer trimestre de ese año, totalizando cerca de $36,4 billones de pesos (más de 3 veces la cartera de microcrédito y cerca del 90% de la cartera de vivienda) de los cuales la cartera de libranza de las entidades no vigiladas por la Superintendencia Financiera, superaba los $10 billones de pesos (Asobancaria,2016 p.1). Sin embargo, dicha Ley creo un mercado extra-bancario, o lo que hoy en día se conoce como “Shadow Banking” o Banca en la Sombra, con características bastantes disímiles con operadores que se equipararon con los del sector financiero tradicional, permitiéndoles controlar sistemas de titularización, pero sin establecer un límite frente a márgenes de solvencia, sistemas de riesgos, gobierno corporativo, entre otros. Además, con la formación de este mercado, se permitió la desviación de los créditos de libranzas, a fuentes de pago no estables, autorizando la compraventa de cartera de los pagarés-libranzas, creando así una titularización por debajo de lo óptimo “Subprime”. Esto, sin contar las graves lagunas jurídicas que tiene la Ley 1527 de 2012, con respecto a la revelación de información, protección al consumidor y ausencia de entidades de supervisión. Desafortunadamente, en el segundo semestre del 2016 una nueva burbuja financiera explotó en Colombia. Las Superintendencias de Sociedades y Economías Solidarias, tomaron posesión de sociedades comerciales y cooperativas que hacían parte del negocio de Pagarés-libranzas, intervinieron y posteriormente liquidaron. Dejando como consecuencia una serie de afectados, consumidores inversionistas que habían invertido un importante capital en este tipo de negocio y que para ese momento se veían en una situación de incertidumbre, puesto que la información que estos tenían en su poder era que el negocio marchaba bien, que era legal y de “bajo riesgo”. Además, tras investigaciones las autoridades correspondientes. descubrieron que sociedades comercializadoras y cooperativas que participaban en este negocio cometieron una serie de actividades delictivas, como captación masiva y habitual, estafa, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado, esto, como estrategia para encubrir la insolvencia en la que se encontraban, y poder de alguna manera responder a sus clientes. A pesar que de todo lo aludido, se puede ahondar en varios temas, el que corresponde a este trabajo, es analizar si la regulación del derecho a la información frente al mercado en la sombra de pagarés-libranzas, cumple con las características necesarias para ser considerado como un mecanismo de protección a los consumidores inversionistas. Ya que, tras el escándalo financiero del año 2016, se expide normativa relacionada con el tema, puntualmente el Decreto 1348 del 22 de agosto de 2016, en este se reglamentó como debía revelarse la información a los consumidores y la gestión de riesgos en la compraventa de pagarés-libranzas efectuadas al amparo de la ley 1527 de 2012. Esta reglamentación, buscaba alertar a los consumidores inversionistas de pagarés-libranzas, sobre los riesgos de invertir en un mercado como la Banca en la Sombra, para así garantizar de alguna manera el derecho a la información de estos. Es importante resaltar que, según las nuevas tendencias de protección al consumidor, el derecho a la información, y más en un mercado financiero, debe ser entendido como un instrumento jurídico de protección de los derechos de los consumidores y de acceso a canales de reclamo y resarcimiento, volviéndose este más complicado cuando se trata de consumidores inversionistas de títulos, que además se encuentran en un sector sujeto a regulación prudencial (Blanco,2012). “La investigación que se presenta a continuación ha sido realizada bajo una propuesta metodología descriptiva socio-jurídica, con un enfoque cualitativo, puesto buscó comprender una realidad para así identificar y describir los distintos factores que ejercen influencia en el fenómeno estudiado” (Carazo, 2006), el mercado a la sombra de pagarés-libranzas en Colombia, consiguiendo así un acercamiento entre las teorías inscritas en el marco teórico. “Banca en la Sombra, derecho a la información y consumidor inversionista. Pretendiendo cumplir así los objetivos del enfoque cualitativo que es flexible y se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría basando su propósito en reconstruir la realidad tal y como la observan los actores de un sistema social previamente definido” (Hernández, Fernández & Baptista 2010). La recolección de datos se realizó a través de entrevistas, a expertos en regulación financiera, mediante un cuestionario semiestructurado. También se obtuvo información mediante estudios previos del tema en Colombia y se realizó la construcción de una base de prensa, se recopilaron de manera controlada herramientas cuantitativas como estadísticas oficiales sobre la situación problémica y adicionalmente se logró obtener información al participar en foros y seminarios, donde el tema principal estuviera relacionado con el derecho a la información o Bancas en la Sombra. Esta investigación se divide en tres capítulos. El primero, tiene por objeto definir qué es y culés son las principales características de una Banca en la Sombra, centrándose en cómo debe ser protegido un consumidor inversionista en este mercado, partiendo de la regulación del derecho a la información. En el segundo capítulo, que tomo como ejemplo el mercado a la sombra de pagarés-libranzas extra-bancarias, para así, contextualizar y analizar el derecho a la información en Colombia como mecanismo de protección a los consumidores inversionistas, desde una perspectiva del derecho al consumo financiero. En el tercer capítulo se realiza un análisis de resultados, de la dinámica expuesta, para así por último concluir frente a si en el mercado en la sombra de pagarés-libranzas, existe una adecuada regulación del derecho a la información que cumpla las características para ser considerado como un mecanismo de protección a los consumidores inversionistas.

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