Contexto-A: Programa de intervención en violencia de género en jóvenes con medidas judiciales

Resumen Tesis Doctoral: Contexto-A: Programa de intervención en violencia de género en jóvenes con medidas judiciales M. Victoria Lorenzo López INTRODUCCIÓN La violencia contra la pareja en las relaciones de jóvenes y adolescentes o dating violence, ha sido definida por varios autores como todo acto o ataque intencional de tipo físico, psicológico o sexual de un miembro de la pareja contra el otro, en una relación romántica en la que no existe vínculo legal ni cohabitación (Póo y Vizcarra, 2011; Rubio-Garay, López-González, Saúl y Sánchez-Elvira-Paniagua, 2012). Aunque comparte elementos comunes con la violencia ejercida en las relaciones adultas, requiere de intervención y tratamiento específico, ya que como apuntan diversas investigaciones, es un importante factor de predicción de futuras agresiones una vez instaurada la convivencia (González-Ortega, Echeburúa y Corral, 2008). A pesar de haber sido menos estudiada que la violencia en las relaciones adultas (González y Santana, 2001), una gran cantidad de estudios en diversos países han puesto de manifiesto que la violencia entre las parejas adolescentes y jóvenes es significativa y que incluso, su magnitud es de dos a tres veces mayor a la de las parejas adultas, aunque de menor intensidad (Barnett, Miller-Perrin y Perrin, 1997; Caruana, 2005; González-Ortega, et al., 2008; Jackson, Cram y Seymour, 2000; Montreal-Gimeno, Povedano-Díaz y Martínez-Ferrer, 2014; Stets y Straus, 1989; Straus, 2004; Sugarman y Hotaling, 1989). A pesar de ello, durante años ha pasado desapercibida en el ámbito de la investigación, siendo en las dos últimas décadas, cuando se produce un mayor interés por estudiarla (Archer, 2000; Lewis y Fremouw, 2001). Diferentes investigaciones revelan que en España se dan elevados índices de violencia contra la pareja en población joven, en concreto, entre el 7% y el 40% han sufrido violencia física y más del 90% violencia verbal (Fernández-Fuertes y Fuertes, 2010). Taylor, Stein, Mack, Horwood y Burden (2008), apuntaron que un 56% de adolescentes entre 11 y 13 años había tenido relaciones de pareja durante una o más semanas, y de ellos un 28% había sufrido al menos una conducta violenta por parte de su pareja y un 21% había ejercido actos agresivos. La edad de inicio de los episodios violentos dentro de la relación sentimental viene determinada por muchos factores, Rodríguez-Franco, Antuña, López-Cepero, Rodríguez-Díaz y Bringas (2012) señalan que la violencia se inicia en las mujeres alrededor de los 13 años y en los hombres alrededor de los 16. Otros autores señalan los 15 años como punto de inicio (González, Muñoz y Graña, 2003; Henton, Cute, Koval, Lloyd y Christopher, 1983). Siendo, en cualquier caso, la adolescencia, la edad en la que se inician las primeras relaciones sentimentales. Una particularidad de este tipo de violencia a edades tempranas, es la dificultad que muestran los y las jóvenes para identificarla como tal, tienden a normalizarla y justificarla, especialmente las tácticas de control, los celos y la violencia psicológica. Perciben estos comportamientos como algo corriente y los incorporan en sus estilos de interacción habitual, llegando a formar parte de su repertorio de técnicas de resolución de conflictos en la pareja (Muñoz-Rivas, Graña, O´Leary y González, 2007). Esa normalización del problema puede llevar a la inhibición de buscar ayuda cuando sufren violencia. En este sentido, Ashley y Foshee (2005) señalaron que el 60% de las víctimas y el 79% de los agresores no buscan ayuda para salir de las relaciones violentas. Esta baja tasa de denuncia subraya la necesidad de generar programas proactivos (Wolfe, Crooks y Hughes, 2011) que enganchen a los jóvenes y faciliten la toma de consciencia sobre la gravedad del problema. Entre los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de cometer violencia contra la pareja en la adolescencia destacan la influencia del grupo de iguales, el uso de sustancias, las actitudes de tolerancia y aceptación de la violencia implícitas en la sociedad y que pueden llevar a la normalización de la misma que se produce en esta edad, así como variables que tienen que ver con el ajuste psicológico (hostilidad, agresividad, hiperactividad, baja empatía, ánimo depresivo, escasa capacidad de control de la ira, celos, impulsividad, etc.) (Díaz-Aguado, 2004; Leen, Sorbring, Mawer, Holdsworth, Helsing y Bowen, 2013; González-Ortega et al., 2008; González et al., 2003; Smith, Winokur y Palenski, 2005). Haber sufrido abusos en la infancia, tener baja autoestima y haber cometido actos violentos durante la adolescencia temprana son otros de los factores de riesgo mencionados por Renner y Whitney (2012). Otros factores de riesgo asociados son vivir en un barrio con altos índices de delincuencia y violencia y pobreza (Thornton, Craft, Dahlberg, Lynch y Baer, 2000); la existencia de violencia en el ámbito familiar, la falta de supervisión y la ausencia de normas, la disciplina inconsistente, el abuso, abandono o falta de interacción emocional o conexión con las figuras parentales (Thornton et al., 2000); así como, tener padres con problemas de abuso de sustancias, conducta delictiva y/o violenta (Thornton et al., 2000). Desde el surgimiento de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género, se vienen desarrollando en nuestro país diversas acciones para prevenir la violencia de género en jóvenes y adolescentes, especialmente dentro del ámbito educativo, ya que así lo contempla el mencionado texto legal. Estas aproximaciones tienen la forma de campañas de sensibilización, proyectos educativos, materiales didácticos, charlas, etc., y son desarrolladas por instituciones, fundaciones o desde el asociacionismo (Grañeras, Mañeru, Martín y Alcalde, 2007; Torres, 2010) dentro de escuelas e institutos. A pesar de que existen algunos programas aplicados en estos contextos basados en la evidencia (Foshee, Bauman, Arriaga, Helms Koch y Linder, 1998; Taylor, Stein, Mumford y Woods, 2013), estos recursos no alcanzan a llegar a aquellos jóvenes que ya se han iniciado en la violencia contra sus parejas o que tienen un alto riesgo de hacerlo. Uno de los motivos por los que los programas se realizan en el ámbito educativo es la capacidad de este contexto para congregar a gran cantidad de población joven y adolescente, no obstante, diversas investigaciones han descubierto un impacto limitado a corto plazo (Alford y Derzon, 2012), siendo muy complicado generar un cambio de actitudes y comportamientos en el aula, donde compañeras y compañeros están presentes. Otro gran problema de las intervenciones en el ámbito escolar es que los adolescentes que mayores problemas de comportamiento manifiestan, incluida la agresión, suelen mostrar conducta absentista, o abandonan la escolarización a edades tempranas, por lo que no se ven beneficiados de las intervenciones (Ball, Holland, Marshall, Lippy, Sumati, Souders y Westby, 2015). De ahí la importancia de realizar la implementación de los programas en lugares en los que estos adolescentes puedan acudir y recibir tratamiento. Al tratarse de una población con un alto grado de factores de riesgo acumulados, requerirá de programas de prevención selectiva o terciaria, no obstante, dichas medidas preventivas son prácticamente inexistentes en nuestro país. En el caso de esta investigación, se implementó el programa Contexto-A en un ámbito en el que la mayor parte de la población reúne dichas condiciones (adolescentes absentistas, con graves problemas de comportamiento, violencia, desestructura familiar, consumo de drogas, etc.). Para evaluar dicha implementación, se realizó un estudio de viabilidad (feasibility). Este tipo de estudios se caracterizan por ser investigaciones previas de eficacia limitada, en un pequeño grupo de participantes, de cara a averiguar la pertinencia, viabilidad y acogida del programa tanto en la población diana como en el contexto en el que se aplica, es decir, si se puede implementar el programa y bajo qué condiciones. En este sentido, Bowen, Kreuter, Spring, Cofta-Woerpel, Linnan, Weiner, Bakken, Kapla, Squiers, Frabrizio y Fernandez (2009), definen una serie de conceptos asociados a los estudios de viabilidad de los proyectos y cómo han de evaluarse: demanda (en qué medida existe una necesidad de intervenir con la población seleccionada o el entorno); aceptabilidad (cómo reciben los participantes la aplicación del programa); implementación (extensión, probabilidad y forma en que se aplica una intervención según lo previsto); sentido práctico (en qué medida puede realizarse una intervención -existencia de recursos, tiempo, etc.); integración (nivel de cambio necesario en el sistema para integrar la intervención en la estructura existente) y evaluaciones de eficacia limitada (evaluación limitada de la intervención, utilizando una muestra pequeña, una muestra de conveniencia o una muestra no experimental). Otro de los requisitos establecidos para realizar un estudio de viabilidad es asegurar la utilización de un marco teórico adecuado. En este sentido, se seleccionó el Modelo Ecológico (Bronfenbenner, 1977, 1979; Heise, 1998), la Perspectiva de Género (Adams, 1988; Dobash y Dobash, 1979), el Modelo Cognitivo-Conductual (Saunders y Azar, 1989), el Modelo Transteórico de Cambio (Prochaska y Diclemente, 1982), la Teoría de la Entrevista Motivacional (Eckhardt, 2007; Miller y Rollnick, 2002) y el Good Lives Model (Ward y Gannon, 2006; Ward y Stewart, 2003; Ward y Brown, 2004). Los objetivos generales planteados fueron: a) Adaptar el Programa Contexto (programa de intervención, investigación y formación para hombres que ejercen violencia contra sus parejas o exparejas) para una muestra de jóvenes y adolescentes infractores, en riesgo de exclusión social; b) Implementar el programa Contexto-A (programa adaptado) en un Centro de Reeducación de menores y c) Realizar un estudio sobre la viabilidad del

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